viernes, 16 de diciembre de 2016

SOBRE LA JEFATURA DE FAMILIA Y LAS FAMILIAS HOMOPARENTALES

Dentro de la lucha venezolana por los derechos de las minorías, la cual ha sido ardua y poco provechosa debido al contexto histórico y político del país, el día 15 de diciembre marca un hito por haberse dictado la primera decisión favorable a los derechos civiles y políticos de la comunidad LGBT. Antes las normas que protegían a esta minoría se referían a un cúmulo de disposiciones encaminadas a protegerles en contra de la discriminación.

Así, en decisión proferida por Sala Constitucional,[1] en amparo constitucional, con ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover,[2] éste considera que de la misma “se evidencia que los derechos presuntamente violados afectan no sólo la esfera particular de los derechos subjetivos de los accionantes, sino de un número indeterminado de personas que forman el grupo de LGBT revistiendo tales violaciones el carácter de orden público indicado por la norma, afectando las buenas costumbres. Incluso, en razón de todos los niños, niñas y/o adolescentes, que como hijos /as; de homosexuales o transexuales, tienen derecho a pertenecer a una familia y a gozar de todos los beneficios que esto conlleva.” [Sic.]

Para ponernos en contexto, el caso que asiste esta decisión de Amparo Constitucional es aquella circunstancia excepcional que tuvo revuelo en las noticias venezolanas de una pareja homosexual conformada por Ginyveth Soto y Migdely Miranda, quienes contrajeron matrimonio bajo la ley Argentina en el año 2013, y que, lamentablemente, culminó con el asesinato de Soto, otro más de los miles que ocurren en Venezuela. Estas jóvenes tenían un hijo producto de fecundación in vitro, y su situación configuraba un limbo legal, incluyendo las negativas de parte de la autoridad en materia de registro civil de reconocer a ambas madres por las limitaciones del derecho venezolano en la materia, afectando principalmente al niño, condicionando su derecho a la nacionalidad, no ha podido acceder al acervo hereditario de su madre Ginyveth, y es un extranjero en su país.[3]

De manera tal, que el fragmento citado constituye ya un indicio de los efectos positivos de la lucha por la condición igualitaria de las minorías, aunque en decisiones anteriores, el Tribunal Supremo de Justicia se había manifestado en contra de la discriminación en contra de la comunidad LGBT.[4] Asimismo, la Sala lo decide como un asunto de mero derecho por no existir contradictorio, sustentándose en criterios anteriores que justifican la decisión del amparo bajo esta modalidad, cuyo criterio quedará a consideración de los constitucionalistas y procesalistas expertos en amparos.
La Sala dedica un apartado para hablar de derecho comparado en materia de reproducción asistida en el caso de esta comunidad, que me resulta curioso en tanto y cuanto las principales fuentes citadas son wikipedia y webconsulta, situación un poco vergonzosa habida suficiente bibliografía especializada en estos temas de bioética y reproducción asistida, así como suficientes instrumentos internacionales que podían hacer de la decisión un ejemplo de argumentación jurídica para algo tan positivo como el reconocimiento de derechos de los individuos.

En uso del interés superior del niño, principio rector contenido en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Niño, Niña y Adolescente, fundado a su vez en la primacía constitucional que lo reconoce (Art. 78). Coincido así con el criterio transcrito por la sala en la decisión sub examine, que reafirma criterios de vieja data (SC-2003), en el que se afirma: “El ‘interés superior del niño’, en tanto concepto jurídico indeterminado, tiene por objetivo principal el que se proteja de forma integral al niño por su falta de madurez física y mental, pues requiere protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de su nacimiento. A título ejemplificativo, el niño debe ser protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, tutores o familiares.” (cursivas propias).  Especialmente, en este caso hay una vulneración grave de los derechos de un niño que van desde el derecho a la nacionalidad, a la identidad,  a pertenecer a una familia, y los derechos que de los mismos se derivan.

La Sala realiza una interpretación progresiva del derecho, adaptándolo a las nuevas realidades que la técnica en materia de reproducción asistida permiten en la materialización de familias distintas a la tradicional familia heterosexual, pero que siguen enmarcados dentro de la definición de familia moderna, que va desde la heteroparental hasta la homoparental, y que debería cubrir a las familias monoparentales también. Reconoce la sala que la  complejidad de la reproducción asistida plantea un conflicto de derechos individuales en tanto la accionante fue la receptora de la donante de óvulos Ginyveth Soto. Realidad que a la luz del libre desenvolvimiento de la personalidad y el derecho a conocer la familia bilógica (consagrados ambos en la Carta Magna), hacen necesarias interpretaciones integradoras e interdisciplinares, pues el derecho a veces resulta insuficiente en la materialización de respuestas que la sociedad tecnológica contemporánea requiere, incluso haciendo uso de las pruebas heredo biológicas (antes determinada por la propia Sala como prueba reina en determinaciones de la filiación, reemplazando a la posesión de estado).
Dicho esto, la Sala dispone de forma clara y concisa, pero con una interpretación adecuada, lo siguiente:

“Aunado a lo anterior, esta Sala Constitucional colige que no se encuentra ajena a las realidades sociales y en su condición de máxima y última intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde fijar las interpretaciones y aplicación del contenido o alcance de las normas y principios constitucionales (artículo 335), velando por la efectividad del ordenamiento jurídico, y en búsqueda de la verdad real quedando obligada en el caso en concreto a restablecer el equilibrio e inclusión social, tomando en cuenta el afecto, la dignidad humana y la tolerancia que debe imperar en la sociedad, para lo cual es necesario el estudio del contenido del artículo 75 de la Constitución, que reza:

Artículo 75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad y el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco a sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley la adopción tiene efectos similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley, La adopción internacional es subsidiaria de la nacional. (Resaltado de este fallo).
Como se desprende del texto de la disposición constitucional transcrita, el Constituyente previó la obligación del Estado a garantizar la protección integral a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia, como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas (Destacado nuestro).”

Aun cuando uno de los fallos en la elaboración de la Constitución del 99 es la determinación de protecciones a la familia heterosexual (art. 77), el Magistrado ponente entiende que el espíritu del constituyente con la exposición del término “jefatura de familia” (término que existe en la LOPNNA), pretendía el reconocimiento de la diversidad de familias que la sociedad occidental contemporánea, que ha evolucionado como lo han hecho muchas otras formas de asociación. En el caso de la familia contemporánea, la dirección de la familia se aparta de la única concepción patriarcal o matriarcal de la sociedad, hoy hay jefatura de familia indistinta del género, e inclusive distinta de la tradicional jefatura ejercida por el padre o a la madre. Hoy, inclusive, encontramos que una abuela puede ceder a su hija su vientre para la gestación de su propio nieto, gracias a los avances tecnológicos. De tal forma, que el derecho tiene que adaptarse a los cambios sociales, reconociendo las situaciones sociales sin discriminación alguna, como ordena la Constitución. La consideración del concepto "jefatura de familia" permite adaptar la concepción de familia dentro de la realidad social y su pluralismo , que concatenado con la igualdad ante la ley, permite que se reconozca la comaternidad (y la copaternidad) como forma de ejercicio de la patria potestad, con directa incidencia no solo en las normas de la legislación especial sobre niños, niñas y adolescentes, sino abriendo las puertas a la protección de la infancia y la adolescencia en tanto y cuanto pueda pertenecer a una familia y a optar al ejercicio de derechos fundamentales cuando se vean involucrados en una situación como la de la accionante y su hijo, esto es, haberse sometido a una legislación más protectora en un país extranjero y querer ejercer los atributos de su condición jurídica, su capacidad, en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

Celebro la consideración de esta realidad social por parte de la Sala Constitucional, pues representa una luz dentro de tanta oscuridad en el ejercicio de la interpretación de la Carta Magna. Creo que es apenas un pequeño camino en la solución del problema fáctico que representa la discriminación legal contra cualquier minoría (quedan pendientes las minorías religiosas, las minorías indígenas en cuanto a la delimitación territorial, entre muchas otras reivindicaciones de la comunidad LGBT). Para finalizar, quiero hacer mención expresa al voto salvado de Calixto Ortega, quien como muchos de los magistrados actuales de la sala, tienen una condición que está en  juicio ético y jurídico. Es curioso como un revolucionario de izquierda, opta por una interpretación postivista del derecho, cuando la tendencia actual es la interpretación integradora. No entiendo como Ortega, quien para mi carece de todo mérito para ser magistrado, emite juicios como el siguiente:

“En tal virtud, se observa que en el estado actual del Derecho venezolano los efectos deseados así como los derechos invocados por la parte actora no se encuentran configurados, por ende, la pretensión de la actora supera la protección que la acción de amparo presta a las personas pues esta tiene como límite lógico los derechos constitucionalmente consagrados. Así como aquellos inherentes que puedan a la luz del sistema normativo nacional invocarse.
Por ello, quien aquí disiente observa que se ha configurado un fraude a la ley, en los términos que la doctrina en Derecho Internacional Privado lo define, puesto que se observa que de forma maliciosa pero por medios lícitos, las ciudadanas MIGDELY MIRANDA RONDÓN y GINYVETH SOTO QUINTANA, se colocaron bajo el imperio de la ley argentina para obtener una situación que les era favorable cuando en Venezuela dichos supuestos no podían, como todavía no  pueden, surgir efectos jurídicos.
Así, es menester observar que se está en presencia de los elementos materiales e intencionales del fraude, así como se obtuvo el resultado pretendido cuando las normas que se desafiaron son del más estricto orden público en tanto se refieren al estado y capacidad de las personas.

En tal sentido, es necesario incorporar a este análisis las previsiones de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolano que determina:
“Artículo 5º. Las situaciones jurídicas creadas de conformidad con un Derecho extranjero que se atribuya competencia de acuerdo con criterios internacionalmente admisibles  producirán efectos en la República, a no ser que contradigan los objetivos de las normas venezolanas de conflicto, que el Derecho venezolano reclame competencia exclusiva en la materia respectiva, o que sean manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano.”
La cual ha de concatenarse de manera obligatoria con la previsión contenida en el artículo 9 del Código Civil que dispone que “las leyes concernientes al estado y capacidad de las personas obligan a los venezolanos, aunque residan o tengan su domicilio en país extranjero.”
Observando así quien disiente, que las decisiones que fueron anuladas por esta Sala Constitucional en la sentencia que antecede no debieron haberlo sido, toda vez que quienes en ellas actuaron al proceder al registro del nacimiento del niño reconociendo que era hijo de su madre biológica –a los efectos de esta decisión se entiende como tal a quien lo gestó y alumbró- no sólo no era una acción lesiva de derecho constitucional alguno que pudiera reconocérsele a la ciudadana MIGDELY MIRANDA RONDÓN, ni a su hijo, sino que constituye el acatamiento de las normas de derecho nacional y una resistencia legítima a evitar reconocerle efectos a un hecho fraudulento.”

Ortega juega la carta del derecho internacional privado y el fraude a la ley, pretendiendo establecer que la actuación de la accionante y la hoy fallecida G. Soto, configura un fraude a la ley, en tanto y cuanto optaron mecanismos maliciosos para obtener una protección de derechos no consagrados por el ordenamiento venezolano. Internacionalmente, las parejas homosexuales ocurren a legislaciones más favorables y los efectos de los actos jurídicos realizados conforme al derecho extranjero surten plenos efectos. Tal es el caso de los países que reconocen uniones civiles de parejas del mismo sexo pero no del matrimonio, pero son capaces de verificar efectos bajo la aplicación análoga del derecho, de sus ciudadanos cuando estos optan por contraer matrimonio extrafronteras, en virtud de la legislación más favorable,
En este caso, se trata de los derechos de un niño, cuyo interés superior prima respecto de cualquier otro derecho que se discute en el asunto. No hubo un reconocimiento de los efectos del matrimonio homosexual, sino de la realidad de la comaternidad, de la existencia de una situación fáctica que afectaba a un niño y que exigía de parte de la Sala Constitucional el establecimiento de una solución jurídica para un asunto que se repite con frecuencia en el mundo contemporáneo. Además, teniendo en cuenta que el juez Ortega (no merece el calificativo de Magistrado), puedo desde su curul de diputado ayudar a solventar esta situación a través de la actividad legislativa, queda muy mal en su argumentario jurídico, cuando la Sala Constitucional reconoce determinados derechos a la comunidad LGBT en tanto y cuanto se orientan en el interés superior del niño, siguiendo lineamientos de derecho internacional que conforme la propia Constitución, tienen primacía sobre la misma, cuando del desarrollo de derechos humanos fundamentales se trate.






[1] En este post no se entrará a considerar la ilegitimidad ab initio de los miembros de la Sala Constitucional porque considero que la máxima de la progresividad de los derechos humanos fundamentales prima sobre cuestiones como ésta. Tampoco considero que la actuación ilegítima de un poder como el judicial en temas políticos, permita no celebrar los éxitos en materia de derechos civiles. Quedará a los políticos abordar la legitimidad del cúmulo de decisiones proferidas por el órgano judicial constitucional, y será el futuro el que definirá las actuaciones sujetas a nulidad o anulabilidad de las decisiones emitidas por la Sala Constitucional, al momento en que se recupere la República.
[2] Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Acción de Amparo Constitucional, decisión de fecha 15 de diciembre de 2016, Exp. 16-0357, Accionante: Migdely Miranda Rondón. Decisión disponible para su consulta en línea en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/194078-1187-151216-2016-16-0357.HTML
[4] Véase Sentencia 190/2008 proferida por la Sala Constitucional con Ponencia de Rondón Haaz del 28 de febrero de 2008, disponible en línea en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/190-280208-03-2630.HTM

martes, 18 de octubre de 2016

LA NECESIDAD DE UN NUEVO PACTO SOCIAL

En este artículo pretendo demostrar que las falencias de la Carta Magna son la causa primordial de la crisis institucional que vive el país. Poniendo énfasis en la institución autoritaria denominada Sala Constitucional, creo que la salida pasa por un nuevo pacto social mediante una nueva manifestación del poder constituyente originario que haga tabla rasa en la organización del Estado venezolano.

Recuerdo que en octubre de 2002, cuando empecé a estudiar derecho en la Universidad Católica del Táchira, la Constitución de 1999 era una novedad para el constitucionalismo contemporáneo latinoamericano y mundial.[1] Recuerdo que en las clases de derecho público el abogado Gabriel De Santis Ramos nos instruyó sobre ese problema que representó el nacimiento de la Constitución Bolivariana al enfrentar los principios de primacía constitucional contra el de la soberanía popular, abriendo el debate sobre el poder constituyente y la legitimidad de la convocatoria de una Asamblea Constituyente aun en contra de las disposiciones cerradas de la Norma Suprema de 1961 que no contemplaba tal mecanismo.[2]
Tal argumentario, criticado por Brewer-Carías[3], entre otros, a mi me parece ejemplar en cuanto a transformación del derecho constitucional contemporáneo y apertura a soluciones para crisis ante la rigidez constitucional (que no estaría mal su revisión por los juristas españoles para ilustrarse de sus propios problemas constitucionales). El problema, para mí, surge en la propia manifestación de los representantes de ese poder constituyente. Se hizo una Constitución a la medida de un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza, y el resultado fue una Carta Magna que hoy ha muerto de inanición bajo la figura todopoderosa erigida en su propio texto: La Sala Constitucional.
Siempre conversamos de este tema en clases de derecho constitucional. El profesor Rutilio Mendoza hacía hincapié en los aspectos de esta nueva Constitución y su presidencialismo y la falta de eficacia de sus controles entre poderes aunque fuese una majestuosa obra de arte en materia de derechos humanos y participación ciudadana. Por su parte, la lectura de la misma y su análisis con el profesor Correa o el propio José Luis Villegas daba una panorámica amplia de lo deficiente que la Constitución marco resultaba para atender las necesidades de una democracia. Esta norma Normarum pudo haber reconocido un verdadero federalismo, por ejemplo, pero mantuvo todas sus características de centralismo disfrazado de federación o como se llama en derecho público actual: federalismo a la venezolana.
No es un asunto de malinterpretaciones, es simplemente que toda Constitución tiene una parte orgánica o marco y una parte programática o de derechos fundamentales; y en el caso de la norma sub examine, la parte orgánica es la principal tranca de piedra en el ejercicio de los derechos fundamentales. Prueba de ello es la sistemática desaplicación que el contenido de fondo de esta ha tenido lugar a través del desarrollo legislativo, así como la omisión legislativa y los silencios, y a veces los gritos, en que la máxima intérprete de la Constitución incurría. Así, tenemos que uno de los ejemplos de mayor importancia para el constitucionalismo contemporáneo surge de las normas dispuestas en los artículos 22 y 23, contentivas de las cláusulas abiertas de derechos humanos, proveyendo al sistema jurídico venezolano de un imperativo de primacía de las normas en materia de protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, las denuncias de organismos internacionales y desacatos a decisiones en esta materia han generado decisiones políticas provenientes de la Sala Constitucional.
Otro rasgo importante de la Constitución ha sido su consagración del derecho de rebelión o desobediencia civil en el texto del artículo 350. Casualmente, la propia Sala Constitucional hizo una interpretación restrictiva de su contenido[4] limitando su ejercicio, yendo inclusive en contra de sus propios criterios y, sobre todo, burocratizando el proceso de desobediencia civil como si se tratase de un proceso administrativo cualquiera y no el de una manifestación del poder originario, del propio poder constituyente. Desde sus inicios la Carta Magna de avanzada estaba destinada a sucumbir al presidencialismo y a sus propias falencias pero, sobre todo, a esa engañosa fórmula de cinco poderes con competencias delimitadas pero siempre subordinados a los designios presidencialistas y, peligrosamente, los de una Corte Constitucional,  cuyo nombramiento recaía en el parlamento, una asamblea unicameral sin control de quien detentase una mayoría avasallante.
La Constitución permitiría que ante determinadas condiciones, los controles desapareciesen y se consolidase ese último y máximo intérprete de la constitución cual espada de Damocles sobre sí misma. El artículo 335 dispuso esta realidad y desde la Sala Constitucional se anuló la República.  Este órgano no es sino el resultado de la degeneración democrática de un Estado que ha sido exitoso desmontando la estructura orgánica creada por el pacto social constituyente del 99, incluso hoy se erige como depositario de las facultades atribuidas a otros titulares del poder público. Este peligro ya había sido advertido cuando se nombraron los rectores del cuerpo electoral (Consejo Nacional Electoral)[5] por la Sala; igualmente, en diversas injerencias como la realizada frente a las falencias de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la organización de la jurisdicción contencioso-administrativa, o la sentencia en que expone la inferioridad del orden jurídico nacional frente a un organismo supranacional como la FIFA, con ponencia de Francisco Carrasquero.[6]
Estos son algunos de los primeros pasos en la determinación de lo que es y lo que hay por parte del poder judicial venezolano. Ya en el 2005 declaró que si había existido golpe de estado en el año 2002 solo para favorecer el deseo del caudillo y eximir de responsabilidad política y criminal a quienes figuraban dentro del oficialismo. Ahondando en la polémica se produjo la sentencia que creaba la figura de la continuidad administrativa en las funciones presidenciales de Hugo Chávez al aducir en 2013 que:
(iv)A pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo.

(v)La juramentación del Presidente reelecto puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia, de no poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 231 de la Carta Magna. Dicho acto será fijado por el Tribunal Supremo de Justicia, una vez que exista constancia del cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación.

(vi)En atención al principio de continuidad de los Poderes Públicos y al de preservación de la voluntad popular, no es admisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional y la juramentación de un Presidente reelecto, se considere (sin que el texto fundamental así lo paute) que el gobierno queda ipso facto inexistente. En consecuencia, el Poder Ejecutivo (constituido por el Presidente, el Vicepresidente, los Ministros y demás órganos y funcionarios de la Administración) seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa.”[7]

Luego de esta decisión se hace notorio que las decisiones interpretativas vinculantes de la Sala Constitucional representarán una nueva forma de ejercicio del poder político en el país, y que la Constitución de la república no será sino un cúmulo de factores teóricos maleables sobre la base de la conveniencia política de cada situación. De tal forma, se materializa el poder absoluto de la Sala no solo con decisiones como la que presenta el principio de continuidad administrativa, sino  con decisiones anteriores como la inejecutabilidad de las decisiones de la CIDH en el caso de Leopoldo López y RCTV. De igual forma, existen otras decisiones polémicas y manifiestamente influidas por la ideología política del partido de gobierno como la asunción de la acusación y persecución criminal respecto del alcalde Ceballos. No hubiese en momento alguno el constituyente de 1999 imaginar que por desacato la propia Sala Constitucional hubiese enviado a un ciudadano a prisión, por no estar dentro de sus facultades y menos aún en medio de un procedimiento de amparo.
A esto sumamos las recientes decisiones del año 2016, como la polémica generada al revisar el procedimiento mediante el cual su actual composición, puesta en tela de juicio, fue establecida. Fue juez y parte, pero también es poder legislativo y moral. La Sala Constitucional declaró en desacato al poder legislativo y la Sala Electoral, parte de esa Hidra que es el Poder Judicial venezolano, el 17 de octubre decide que la recolección de firmas para el referendo revocatorio debe hacerse en cómputos estadales (por entidad federal), de forma tal que si en un estado federal no se recoge el 20%, entonces la solicitud de revocatorio sería inoficiosa. Antes de ello, el máximo tribunal aprobó un presupuesto nacional en horas de la noche.
Si, la Constitución de 1999 ha cesado en su efectividad. Su corta vida no se compara con los ideales del constitucionalismo, que piden constituciones estables en el tiempo, que sean tan de avanzada que permitan que regulen a satisfacción no solo los hechos de hoy, sino los de mañana. La Constitución de 1999 tiene un marco débil en cuanto a sus instituciones, pues impide que los controles sean efectivos y no dispone límites al poder interpretativo del poder judicial. La solución parece estar en refundar el pacto social, al menos hoy sabemos que la Asamblea Constituyente está planteada en el texto de la Carta Magna.



[1] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Oficial N°. 5.453 del 24/03/2000.
[2] Hernández, Lolymar (2000), «El proceso constituyente venezolano de 1999», Revista Tachirense de Derecho, San Cristóbal-Venezuela, Nº 12, pp. 179-228.
[3] Véase BREWER.CARÍAS, Allan, La ilegítima mutación de la Constitución por el juez constitucional en materia de justicia constitucional, VI Encuentro de Derecho Procesal Constitucional. San Juan, Argentina, 11-13 Junio 2009. Documento en línea disponible en:
[4] Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 22 de enero de 2003, Magistrado ponente: Iván Rincón Urdaneta. Documento en línea disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/02-1559%20interpretaci%C3%B3n%20350.htm [Consultado en: octubre 2016].
[5] Sentencia 2341 de fecha 25 de agosto de 2003, expediente 03-1254 proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero. Documento en línea disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/PODER%20ELECTORAL.HTM [Consultado en marzo de 2016].
[6] Sentencia del 15 de marzo de 2005, expediente 05-0487 proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado Ponente: Francisco Carrasquero. Documento en línea disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/255-150305-05-0487.HTM [Consultado en octubre de 2016].
[7] Sentencia del 09 de enero de 2013, expediente 12-1358 proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia conjunta.

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